La peña que nunca terminó

por Andrea Insunza

La peña que nunca terminó

A principios de los ochenta, cuando en la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) el movimiento estudiantil empezaba a madurar, casi cien de sus alumnos fueron detenidos en una peña, y luego una veintena de ellos fueron relegados al sur, la mayoría a Chiloé. Aquí los protagonistas de la peña reconstruyen el modo en que el «Servicio de Seguridad» de la UTE, a cargo de Carabineros, dio un golpe a la organización estudiantil, episodio recreado en el segundo capítulo de Los archivos del cardenal.

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res canciones. Los músicos alcanzaron a interpretar apenas tres canciones y la peña se interrumpió abruptamente. No fue por falta de público. Ni de pílsener, bebidas o empanadas. Hasta había vino navegado. Lo que ocurrió es que, a las 21.30 del 12 de junio de 1980, alrededor de quince carabineros de civil irrumpieron en el restaurante Onda Latina, donde más de un centenar de personas, la mayoría estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy USACH), se había reunido para solidarizar con sus compañeros expulsados durante ese semestre.

En febrero de 1980, durante las vacaciones de verano, el coronel de Ejército y rector delegado de la UTE Eugenio Reyes Tastets había enviado una carta a cuatro estudiantes comunicándoles que no podrían renovar su matrícula. Vicente Atencio, Ricardo Campos, Alvar Herrera y Lía Rojas –militantes de las Juventudes Comunistas los cuatro– habían sido sancionados por participar en organizaciones estudiantiles al margen de las permitidas por las autoridades de la universidad. Se trataba de la primera expulsión de estudiantes de la UTE desde 1973. En los meses siguientes, la medida afectaría a otros.

El coronel Reyes estaba inquieto hacía meses. El movimiento estudiantil opositor a la dictadura empezaba a mostrar grados de maduración en la UTE. En los años previos, y tal como había ocurrido en otras universidades, los alumnos se habían organizado primero en centros deportivos, culturales y religiosos. Pero a fines de los setenta la agenda incluía reivindicaciones gremiales y políticas: más becas, mejores condiciones de operación, no al autofinanciamiento, sí a la libertad de asociación.

En 1979, además, el rector delegado Reyes perdió parte del control que tenía sobre la estructura de representación estudiantil. Como ocurría en el resto de las casas de estudios, los presidentes de los Consejos de Estudiantes eran designados por la máxima autoridad universitaria. Sin embargo, a inicios de 1979 en la UTE se efectuó una serie de convenciones estudiantiles que eligieron representantes por cursos de cada carrera. Estos a su vez votaron para nombrar a los integrantes de sus centros de alumnos. Trece de ellos quedaron en manos de la oposición al régimen.

Dos fueron las acciones más notorias del 79. En mayo, esos trece centros de alumnos realizaron una conferencia de prensa exponiendo sus demandas y desafiando abiertamente al rector. Cuatro meses después, el 4 de septiembre, los estudiantes participaron en una marcha que partió desde la UTE, en Estación Central, hasta Plaza Los Héroes. Ahí conmemoraron el Día de la Democracia, a seis años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. El entonces presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Eléctrica, Alvar Herrera, quien tenía veintinueve años, pronunció un discurso. El 18 de septiembre, el periodista y escritor José Miguel Varas describió el acto en Radio Moscú. Las palabras de Herrera salieron al aire. En los días posteriores, el prorrector de la UTE lo citaría, junto a otros estudiantes, para reprenderlo. Herrera sería uno de los estudiantes expulsados de la UTE en febrero de 1980.

«Servicio de seguridad»
En el segundo o tercer piso del edificio de la rectoría de la UTE funcionaba el «Servicio de Seguridad», una unidad de Carabineros que ya había sido detectada por la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los abogados del organismo dependiente del Arzobispado de Santiago habían presentado querellas en contra de algunos funcionarios de esa unidad, acusándolos de participar en secuestros, de amenazar a estudiantes y de conformar una asociación ilícita.

Para los jóvenes dirigentes, era obvio que empezaban a caminar por terreno minado. Si los estudiantes realizaban un acto, rápidamente eran neutralizados por Carabineros. Si pegaban carteles en las paredes, eran retirados. Pero no ocurrió así con la peña folclórica de mediados de 1980, la que fue difundida mediante afiches y panfletos mimeografiados que decían: «GRAN ACTO ARTÍSTICO CULTURAL. El arte y el canto se unen para solidarizar con los alumnos sancionados, el día jueves 12 de junio, a las 19.30 horas».

Los estudiantes no captaron que detrás de esa excepción había un peligro inminente. Uno que quedaría claro la noche del 12 de junio, cuando el grupo de carabineros de civil irrumpió en el restaurante Onda Latina –ubicado en Huérfanos 2848–, bloqueó el acceso y comenzó a cruzar una lista con las identidades de las personas que se encontraban ahí. Según la información oficial, a las 22.15 llegó Carabineros al lugar, esta vez con efectivos vestidos de uniforme y en un par de furgones. No mostraron, sin embargo, ninguna orden de detención. En ese hecho se inspiró parte del segundo capítulo de Los archivos del cardenal.

Según la prensa de la época, además de Carabineros, al Onda Latina llegaron efectivos de la CNI. Alvar Herrera, quien se encontraba en el lugar, recuerda que querían detener a un puñado de dirigentes, «pero el capitán de Carabineros a cargo se los impidió».

Hubo 98 detenidos: 69 hombres (dos de los cuales serían liberados esa misma noche) y 29 mujeres. La Segunda del 16 de junio enumeró a casi todos ellos: setenta y tres eran estudiantes, dos profesores, una periodista, tres artistas, tres dueñas de casa, un obrero y siete personas sin oficio. La dueña del restaurante y el administrador también quedaron presos.

Todos los detenidos fueron trasladados a la 3ª Comisaría de Santiago. «Nos llevaron de a cincuenta en furgones de Carabineros donde cabían veinte personas», recuerda Aldo Saavedra, quien entonces tenía veinticinco años y cursaba quinto año de Ingeniería Civil Química. Los hombres fueron encerrados en una pieza; las mujeres quedaron a la intemperie, en pleno invierno. A todos los revisaron al ingresar al cuartel policial y les quitaron varias de sus pertenencias, entre ellas instrumentos musicales y hasta una calculadora científica.

Desde ese momento comenzaron a correr los cinco días que el ministro del Interior, Sergio Fernández, tenía para presentar una acusación formal ante tribunales.

Al día siguiente las mujeres fueron trasladadas a la 9ª Comisaría de Santiago y los hombres a la 1ª Comisaría. A ellos los instalaron en una minicancha de básquetbol, techada, donde dormirían las siguientes cuatro noches. No contaban con colchones ni frazadas. Comían un par de veces al día, un menú abundante en legumbres.

En el recinto, algunos de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios por efectivos de la CNI, que instalaron una mesa en un sector de la cancha; a otros los llamaban a un camarín contiguo. Los interrogaron un par de veces. «Ahí nos ficharon. Nos tomaron fotos de frente y de perfil. Te revisaban como animales. A mí me ordenaron desnudarme una vez y tomaron nota de cada una de las cicatrices que tenía», recuerda uno de los detenidos. Les preguntaban por su militancia y los estudiantes negaban pertenecer a algún partido, a pesar de que varios de ellos eran comunistas o, incluso, democratacristianos. Ese era el caso del estudiante Rodrigo Figueroa. Lo que la CNI quería era establecer quién era quién en el movimiento estudiantil de la UTE.

«Actividad subversiva»
Las detenciones en el Onda Latina fueron tema de portada en La Segunda, La Tercera y El Mercurio. Todos destacaron que la reunión tenía un carácter «subversivo» y «clandestino», por cuanto infringía el forzado receso político de entonces.

El título en portada de La Segunda del viernes 13 de junio fue: «98 DETENIDOS EN “PEÑA” POLÍTICA». El epígrafe agregaba: «Servía de “pantalla” a actividades prohibidas». La Tercera también destacó el hecho en su titular principal del sábado 14: «PEÑA FOLKLÓRICA SALIÓ CON SORPRESA: 96 PRESOS», y en la nota interior puntualizaba: «96 ESTUDIANTES DETENIDOS EN UNA REUNIÓN CLANDESTINA». Ese mismo día, El Mercurio reservó la esquina inferior izquierda de su portada para abordar el hecho: «DESCUBIERTA REUNIÓN POLÍTICA CLANDESTINA».

Lo paradójico es que el mismo sábado 14, tanto La Segunda como La Tercera otorgaron sendas coberturas a una reunión del grupo de derecha Nueva Democracia en el Club Español, a la que asistieron cerca de quinientas personas. Estaban ahí Pablo Baraona, ex ministro de Hacienda; Javier Leturia, ex presidente de la Feuc; Eric Spencer, ex presidente de la Fecech, y Luis Cordero, presidente de la Secretaría Nacional de la Juventud. La Tercera resumió el encuentro con el siguiente título: «NUEVA DEMOCRACIA REAFIRMA APOYO A PLAN CHACARILLAS». Pero, en vez de catalogarla como una actividad política, en el epígrafe calificó el encuentro como un «almuerzo-análisis».

El trato a los estudiantes de la UTE fue distinto. A pesar de que La Tercera y La Segunda señalan en sus artículos que la peña había sido convocada y promovida públicamente, para demostrar el carácter «subversivo» del encuentro los tres medios citan, con mayor o menor detalle, la información entregada por fuentes oficiales: Carabineros y la División Nacional de Comunicación Social del Gobierno (DINACOS). El Mercurio lo resumió así: «En los momentos de practicarse el allanamiento los funcionarios policiales se incautaron de propaganda y panfletos de carácter subversivo y donde se injuriaba al Gobierno». La nota citaba el comunicado del régimen: «El personal policial incautó en el lugar diapositivas con simbologías y leyendas de igual carácter [subversivo], las cuales iban a ser proyectadas en un salón instalado en una pieza contigua al local, apoyándose para tales efectos en una cassette con audio y un disco».

Los tres diarios coincidieron, además, en que el operativo policial se realizó a las 22.15 del jueves 12. Algunos entrevistaron a vecinos o dependientes del lugar. Pero no a los familiares. El hecho es que no consignaron que el allanamiento se inició 45 minutos antes, por carabineros de civil.

La Segunda, además, publicó el sábado 14 una pequeña nota titulada «NOMBRAMIENTOS EN U. TÉCNICA», en la que anunciaba que el coronel Reyes se aprontaba a nombrar a los presidentes de cuatro consejos de facultad. Nunca relacionó ese hecho con la detención de los dirigentes opositores.

Para El Mercurio lo ocurrido en la peña universitaria revistió suficiente importancia como para dedicar una editorial del sábado 14 al tema. El primer párrafo señalaba: «El descubrimiento de una reunión clandestina en una peña folklórica ha puesto en evidencia una de las formas que aprovechan los sectores contrarios al Gobierno para reunir adherentes, distribuir material de propaganda y aprovechar a los artistas. Si bien en el caso comentado no está demostrada la participación de grupos marxistas, no se ignora que aquellas corrientes ideológicas registran activismo político-cultural en un campo que les proporcionó en el pasado buenos dividendos, en especial al Partido Comunista».

Luego de recomendar que las autoridades pusieran atención en el fenómeno, la editorial terminaba así: «Si los sectores marxistas, o quienes ellos controlan, se empeñan en seguir utilizando la pantalla cultural para llevar a cabo tareas de otra índole, deben afrontar, entonces, la adopción de medidas legales por el Gobierno, el cual tiene el deber de hacer respetar tanto el orden público, valor jurídico que es esencial en una sociedad, como el receso político que reviste carácter de transitorio. El que el disfraz utilizado haya sido una fachada cultural carece de relevancia, pues las actividades intelectuales no tienen carácter privilegiado cuando transgreden la juridicidad vigente».

Al fin del mundo
El martes 17 de junio terminó el plazo para que el ministro del Interior resolviera si acusar o no a los detenidos ante los tribunales. Los estudiantes de la UTE esperaban salir en libertad. De hecho, el oficial a cargo del cuartel les había insinuado que ese sería el desenlace. Eso sí, les advirtió que antes de dejar la comisaría serían revisados y deberían firmar una declaración señalando que no habían sido víctimas de apremios ilegítimos.

Pasadas las ocho de la noche, al primero que llamaron fue al estudiante Aldo Saavedra. «Salga por acá», le ordenaron. Al tomar la dirección indicada, un par de civiles lo agarró de los brazos y lo subió a un auto con los vidrios polarizados. El chofer y los otros efectivos estaban armados. «Si colaborai no te va a pasar nada», le dijeron.

Saavedra solo se concentró en una cosa: memorizar la ruta. El vehículo partió con rumbo al Parque Forestal, luego pasó por Estación Mapocho y llegó al cuartel de la Policía de Investigaciones, en avenida General Mackenna.

Poco a poco fueron sumándose otros detenidos. En total, veintiún estudiantes de la UTE más el administrador del restaurante Onda Latina. A todos los encerraron en un calabozo, en el subterráneo del edificio. En celdas contiguas había presos comunes. Los restantes detenidos –las 29 mujeres y 45 hombres– fueron dejados en libertad.

En el Cuartel de Investigaciones se transpiraba miedo y tensión. Cerca de las 22.30, según recuerdan algunos de los detenidos, apareció un detective que leyó un decreto del Ministerio del Interior: serían relegados por tres meses al sur de Chile, principalmente a Chiloé. El fin del mundo.

Sergio Fernández podía tomar esa determinación sin necesidad de acusar a los detenidos ante la justicia. El 7 de febrero de 1980, el régimen militar había publicado el Decreto Ley 3.168, que facultaba al Ministerio del Interior a relegar administrativamente «a las personas que alteren o pretendan alterar el orden público».

Alvar Herrera estaba en el grupo de los veintidós. Según recuerda, los subieron a una micro, inicialmente esposados. Una vez adentro, los efectivos de Investigaciones les indicaron que lo mejor era no oponer resistencia. Entonces les quitaron las esposas.

Varios de los detenidos recuerdan que el viaje fue amistoso. Según las «Coplas relegadas», escritas por el estudiante de castellano José Ricardo Rojas Ponce, «desayunamos en Temuco, almorzamos en Valdivia, comimos en Puerto Montt y hasta hubo café y risas». Cerca de la medianoche los separaron. En pares, fueron relegados a Cochamó, Achao, Tenaún, Puqueldón y Curaco de Vélez. En tríos, fueron destinados a Quemchi, Dalcahue, Chonchi y Queilén. Dos veces al día –por la mañana y por la noche– debían firmar en el cuartel de policía local. La única excepción ocurrió el 11 de septiembre de 1980, cuando se realizó el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Aunque pudieron votar, debían firmar cada una hora.

Al cabo de los tres meses de relegación, los estudiantes se reunieron en Puerto Montt, tomaron un bus de vuelta a Santiago y llegaron directamente a la UTE.

En 1981, el Ministerio de Educación dictó el Decreto Ley 1.541 que reestructuró el sistema de educación superior en Chile. De las diez sedes de la UTE, nueve se transformaron en universidades o institutos profesionales regionales. En la capital, esa casa de estudios pasó a llamarse Universidad de Santiago de Chile.

Producto de la expulsión y el relegamiento de sus principales dirigentes, el movimiento estudiantil quedó congelado. El violento frenazo, sin embargo, sería momentáneo. Dos años después, con el inicio de las protestas callejeras masivas, impulsadas por la crisis económica, los universitarios volverían a desafiar al régimen pinochetista.


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